Es ilegal la cancelación del sello digital por tener proveedores de la lista negra del SAT

Las autoridades fiscales pueden cancelar los Certificados de Sello Digital (CSD)cuando, aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones. Estas están previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación (CFF) (CFF 17-H, fr. X, inciso d). Así, es una infracción presentar declaraciones, solicitudes, avisos, o expedir constancias incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales (CFF 81, fr. II). En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el CSD de un contribuyente porque consideró que las declaraciones presentadas por el contribuyente fueron incorrectas por haber incluido operaciones realizadas con proveedores que se encuentran publicados en el listado definitivo conocido como “la lista negra del SAT” (CFF 69-B) y en el que se publican los nombres de las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o empresas fantasma.

De acuerdo con la Administración Desconcentrada de Recaudación de Aguascalientes 1, del SAT, el contribuyente incluyó operaciones con cuatro proveedores que se encuentran en ese listado. Por eso consideró que declaró incorrectamente la información correspondiente al valor de actividades pagadas a la tasa del 16% del impuesto al valor agregado (IVA); también, que las deducciones declaradas derivaron de operaciones inexistentes.Sin embargo, el caso fue analizado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien determinó que la cancelación del CSD del contribuyente fue ilegal.

A juicio del órgano jurisdiccional, los preceptos legales en los que la autoridad apoyó su determinación, no la facultan para dejar sin efectos el CSD del contribuyente. La ley en ningún momento señala como motivo por el cual se puede dejar sin efectos el CSD el hecho de que las deducciones declaradas por la contribuyente se deriven de operaciones inexistentes.

Para llegar a esta conclusión, la Sala Regional del TFJA sostuvo que la autoridad debió ejercer sus facultades de comprobación (CFF 42), y en caso de que la autoridad fiscal detecte que el contribuyente no acreditó la prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Además, las operaciones amparadas en los comprobantes expedidos por contribuyentes incluidos en la lista negra del SAT serán considerados actos o contratos simulados (CFF 69-B último párrafo).

En su sentencia, el órgano jurisdiccional también señaló que la autoridad nunca detalló las operaciones inexistentes que presuntamente el contribuyente celebró con cuatro de sus proveedores, dejando al pagador de impuestos en estado de indefensión, al no darle la oportunidad de conocerlas y desvirtuarlas.

Fuente: El Contribuyente

 

Limitación a la expedición de CFDI a través de «Mis cuentas»

El pasado 29 de abril de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2019, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, con algunas excepciones reguladas en sus artículos transitorios. Dentro de las reglas que forman parte de su contenido tenemos la regla 2.7.1.21., la que regula  quienes deben o pueden utilizar la herramienta de «Mis cuentas». En la RMF anteriores, esta regla se mencionaba que quienes utilizaran la herramienta para emitir sus Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), podrían hacerlo utilizando su Contraseña (CIEC), de la siguiente manera su primer párrafo:

«Para los efectos de los artículos 29, primer y último párrafos y 29-A, tercer párrafo, en relación con el artículo 28 del CFF, los contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”, podrán expedir CFDI a través de dicha aplicación, utilizando su Contraseña. A dichos comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, el cual hará las veces del sello del contribuyente emisor y serán válidos para deducir y acreditar fiscalmente».

Para este ejercicio se precisa quienes pueden utilizarla la herramienta para expedir sus comprobantes fiscales, se transcribe, los demás párrafos de la misma continúan igual en su redacción:

«Para los efectos de los artículos 29, primer y penúltimo párrafos y 29-A, tercer párrafo, en relación con el artículo 28 del CFF, los contribuyentes del RIF; así como los contribuyentes que tributen conforme al artículo 74, fracción III y Título IV, Capítulos II y III de la Ley del ISR, siempre y cuando los ingresos que hubieren obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) o bien, que se inscriban en el RFC en el ejercicio 2019 y estimen que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, podrán expedir CFDI a través de ”Mis cuentas”, utilizando su Contraseña. A dichos comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, el cual hará las veces del sello del contribuyente emisor y serán válidos para deducir y acreditar fiscalmente..»

Por lo tanto, se trata de una limitación, pues ahora sólo pueden utilizar «Mis cuentas» para la emisión de CFDI: (i) Régimen de Incorporación Fiscal; (ii) Las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas silvícolas o pesqueras ; y (iii) Las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o por arrendamiento de bienes inmuebles, siempre y cuando no hayan excedido de $4’000,’000.00, o bien, que se inscriban en el ejercicio presente y estimen no superar dicho monto.

La Profeco podrá embargarte

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es un organo de la Secretaría de Economía (SE) encargado de defender los derechos de los consumidores. La Profeco vigila que las empresas y los consumidores tengan relaciones comerciales sanas. Esto lo hace, por ejemplo, vigilando que los negocios no publiquen publicidad engañosa. O que notifiquen al consumidor al hacerle un cobro.

Cuando la Procuraduría observa un incumplimiento, tiene la facultad de imponer una multa. Sin embargo, no es ella la que hace el cobro de ésta; hasta ahora se cobra con la intermediación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Profeco será una autoridad fiscal

En 2018 se modificó la Ley Federal de Protección al Consumidor de forma que las multas que levante la Profeco serían créditos fiscales. Así, las multas impuestas estarán sujetas al procedimiento administrativo de ejecución.

En español, esto quiere decir que la Profeco tendrá la facultad de embargar los bienes de quien no pague una multa. Esto tendrá que hacerse de conformidad con el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

“A partir de julio podremos realizar nuestros propios procedimientos ejecutivos de administración que implica que cuando una persona moral o física no quiera pagar la multa que se le imponga, tendremos la autoridad de embargar bienes e inmuebles para de manera forzada obtener el pago”, dijo Ricardo Shefield, titular de la Profeco, de acuerdo a El Financiero.

Si bien la reforma fue aprobada el 11 de enero de 2018, entrará en vigor el 1 de julio de 2019. El motivo es que a juicio de los legisladores, la Profeco necesitaba “una adecuación en sus distribuciones organizacionales y estructurales”. Es decir, los legisladores opinaban que aún estaba lista para el reto.