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Las autoridades fiscales pueden cancelar los Certificados de Sello Digital (CSD)cuando, aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones. Estas están previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación (CFF) (CFF 17-H, fr. X, inciso d). Así, es una infracción presentar declaraciones, solicitudes, avisos, o expedir constancias incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales (CFF 81, fr. II). En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el CSD de un contribuyente porque consideró que las declaraciones presentadas por el contribuyente fueron incorrectas por haber incluido operaciones realizadas con proveedores que se encuentran publicados en el listado definitivo conocido como “la lista negra del SAT” (CFF 69-B) y en el que se publican los nombres de las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o empresas fantasma.

De acuerdo con la Administración Desconcentrada de Recaudación de Aguascalientes 1, del SAT, el contribuyente incluyó operaciones con cuatro proveedores que se encuentran en ese listado. Por eso consideró que declaró incorrectamente la información correspondiente al valor de actividades pagadas a la tasa del 16% del impuesto al valor agregado (IVA); también, que las deducciones declaradas derivaron de operaciones inexistentes.Sin embargo, el caso fue analizado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien determinó que la cancelación del CSD del contribuyente fue ilegal.

A juicio del órgano jurisdiccional, los preceptos legales en los que la autoridad apoyó su determinación, no la facultan para dejar sin efectos el CSD del contribuyente. La ley en ningún momento señala como motivo por el cual se puede dejar sin efectos el CSD el hecho de que las deducciones declaradas por la contribuyente se deriven de operaciones inexistentes.

Para llegar a esta conclusión, la Sala Regional del TFJA sostuvo que la autoridad debió ejercer sus facultades de comprobación (CFF 42), y en caso de que la autoridad fiscal detecte que el contribuyente no acreditó la prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Además, las operaciones amparadas en los comprobantes expedidos por contribuyentes incluidos en la lista negra del SAT serán considerados actos o contratos simulados (CFF 69-B último párrafo).

En su sentencia, el órgano jurisdiccional también señaló que la autoridad nunca detalló las operaciones inexistentes que presuntamente el contribuyente celebró con cuatro de sus proveedores, dejando al pagador de impuestos en estado de indefensión, al no darle la oportunidad de conocerlas y desvirtuarlas.

Fuente: El Contribuyente